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Lunes, 08 Julio 2013 12:36

Problema de legitimidad de la intromision armada casus belli libio

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La intervención militar de la Alianza Noratlántica en Libia, como otras acciones análogas de países de la comunidad occidental (en Yugoslavia, Irak, Kosovo), que pusieron en duda los principios y normas del derecho internacional actual, ante todo el principio de soberanía estatal, no ha obtenido por ahora, a mi juicio, debida y calificada valoración jurídica. 

La acción militar en Libia con uso de la fuerza, por parte de los Estados de la OTAN, es inadecuada al mandato del CS de la ONU de 1973, ni tampoco corresponde al artículo 42 de la Carta de la ONU, en el que se basa la interpretación actual de la doctrina de medidas coercitivas militares con empleo de la fuerza. La resolución de empleo de la fuerza fue sancionada por el CS de la ONU, pero el carácter de su aplicación “ilimitada” fue determinado por un grupo de potencias occidentales con participación de estructuras militares de la OTAN. La práctica contemporánea estipula  

la transmisión de poderes limitados al Consejo de Seguridad para el empleo de la fuerza militar1. En el caso de Libia, la concesión del mandato para el empleo limitado de la fuerza, mediante el establecimiento de una zona sin vuelo sobre el territorio de Libia, con el objeto de evitar las acciones del Gadafi contra su propio pueblo, no estuvo acompañado de alguna participación de la ONU en forma de funciones auxiliares de carácter pacificador (observación, monitoreo). Como ocurrió, digamos, en la regulación pacífica del Acuerdo de Dayton, o con la “estrategia paralela” en Bosnia y Herzegovina. En realidad, el CS de la ONU aplicó en el confl icto de Libia la concepción utilizada durante la guerra del golfo Pérsico. Según ese guión, esta organización internacional universal autorizó a un grupo de países europeos (miembros “interesados” del Tratado del Atlántico Norte) el empleo limitado de la fuerza militar sin la “presencia pacificadora” de sus propios representantes. 

El artículo 41 de la Carta de la ONU prevé el empleo de medios de carácter no militar para influir en el país que menosprecie las normas universalmente admitidas en las esferas de seguridad y humanitaria. Semejantes medidas de carácter de “derecho blando” presuponen la aplicación del embargo, la congelación de las correspondientes cuentas bancarias. Y sólo en el caso de que las medidas de influencia no militar sean insuficientes o no eficaces, el artículo 42 de la Carta de la ONU prevé medidas militares con uso de la fuerza. Los Estados miembros de la ONU pueden sin acuerdos previos estipulados por el artículo 43 poner a disposición sus fuerzas armadas para cumplir el mandato, resolución sancionada por el CS de la ONU, para realizar la operación coercitiva. Los últimos años, eso se ha convertido, realmente, en un derecho permanente, habitual, de protección de la población civil, que se extiende asimismo a la regulación postconflicto, comprendida la actividad pacifi cadora2. 

Los acuerdos regionales existentes de mantenimiento de la paz, la estabilidad y la seguridad, conforme al capítulo VIII de la Carta de la ONU, dan derecho, en el marco del correspondiente mandato del CS de la ONU, a efectuar determinadas acciones militares con uso de la fuerza, incluso con fines humanitarios.  Como más adecuada a semejantes propósitos, por ejemplo en el espacio euroatlántico, podría considerase la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que declaró en 1992 su estatus de “organización de acuerdo regional”, en el sentido del capítulo VIII de la Carta de la ONU3. Con respecto a Libia, el correspondiente mandato del CS de la ONU podría ser encomendado a la Liga de Estados Arabes (LEA). Pero el papel de la Liga en la región árabe sigue siendo, según diferentes evaluaciones, “marginal” y en total poco efi caz4. 

El problema de la utilización del recurso político y el potencial militar de las organizaciones regionales por la Organización de las Naciones Unidas se complica asimismo porque el concepto de acuerdo regional es interpretado con bastante amplitud. La Alianza Noratlántica OTAN no corresponde a la categoría de acuerdos regionales. Las organizaciones regionales, así consideradas conforme al capítulo VIII de la Carta de la ONU, tienen la obligación de “observar jurídicamente” los postulados de la Carta de la ONU y no pueden emprender acciones militares, incluso medidas de coerción militar con el propósito de mantener la paz, sin la sanción del CS de la ONU. Es decir, en cada caso concreto se requiere la correspondiente resolución del Consejo de Seguridad. Las acciones pacificadoras de la OTAN y la estructura militar de la Unión Europea —la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD)—, sin el correspondiente mandato del CS de la ONU no pueden ser sancionadas. 

En virtud del carácter específico de su “política defensiva”, creada en las condiciones de la guerra fría, la Alianza Noratlántica no corresponde al estatus jurídico de organizaciones regionales conforme al capítulo VIII de la Carta de la ONU. Para obtener tal derecho —a participar en acciones pacificadoras por mandato de la ONU—, la OTAN y la Unión Europea introdujeron enmiendas en los correspondientes documentos constituyentes, que les permite considerarse, así opinan ellas, organizaciones regionales conforme al espíritu y letra del capítulo VIII de la Carta de la ONU. Pero semejante adaptación parcial, “exterior”, al status de organización regional común, no cambia la esencia tanto de la OTAN como de la PESD: ambas asociaciones siguen siendo bloques cerrados, no europeos generales, con intereses político-militares y económico-financieros exclusivamente propios, que no abarcan a toda Europa. El apego de las uniones occidentales a líneas divisorias de los tiempos de la guerra fría no permite identifi carlas con el continente europeo único. 

No obstante se consideró que tal incorporación a la categoría común de organizaciones regionales daba fundamento al tándem franco-británico a realizar el mandato de la ONU en relación a Libia. Legítimas fueron sólo las acciones para establecer una zona aérea sin vuelo, como medida de presión sobre Trípoli para superar la crisis humanitaria. El mandato del CS de la ONU no estipulaba la guerra de la coalición de la OTAN contra el régimen de Gadafi para destituirlo y realizar el “tránsito político” (formulación occidental). 

Surgió una situación donde la operación sancionada por el CS de la ONU, limitada a objetivos humanitarios, dentro del correspondiente marco jurídico, que tenía por objeto ejercer presión político-militar sobre el régimen existente, se transformó en conflicto interestatal. El mandato del CS de la ONU no estipulaba el derecho de los países euroatlánticos a efectuar acciones militares contra un país soberano norafricano. La intromisión armada del “terceto” de principales potencias occidentales en la crisis nacional interna de Libia, con la posterior atracción de las estructuras militares de plana mayor fue un “mandato de la OTAN” y no del CS de la ONU. Las “continuas alusiones” de Bruselas al mandato de la ONU no son simplemente distinta interpretación del mismo, sino su evidente sustitución. El derrocamiento de una nueva “figura totalitaria de cera”, por más odiosa que fuera, no puede justificar, desde el punto de vista moral y jurídico, el arbitrio militar, la denuncia del principio de soberanía estatal y el nihilismo contemporáneo en relación a las normas del derecho internacional. En los centros expertos de Europa reconocen el carácter limitado de la primacía actual del derecho en las relaciones internacionales, aplicado fundamentalmente en las cuestiones de defensa de los derechos humanos. Nació un nuevo término, “militarismo humanitario”, que sustituye al de “pacifismo de las decisiones acordadas”. Por definición de Bernard-Henri Levy, uno de los intelectuales franceses contemporáneos, la intervención de la OTAN en Libia significa la aparición de la “última utopía moderna”, con pretensiones al triunfo del “derecho de intromisión” declarado5. 

El principio de la primacía del derecho en los asuntos internacionales, incluso del derecho humanitario como “tendencia dominante”, no supone la supresión de los principios básicos jurídicos internacionales, tales como el respeto de la soberanía y la no injerencia en los asuntos intestinos. Llama la atención que la guerra contra el Estado de Libia no fue precedida, como ocurre habitualmente antes de comenzar los confl ictos bélicos, por la correspondiente fase diplomática, de negociaciones. La aplicación de la “fuerza blanda” como instrumento preferencial de regulación de situaciones críticas no fue realizada. El conflicto armado de Libia no fue un acto coercitivo militar con uso de la fuerza llevado a efecto una sola vez, fue una guerra. Tales guerras ya recibieron la denominación de “guerras humanitarias” o intervenciones humanitarias6. Al examinar el carácter de la guerra contra Libia surge la pregunta acerca de su califi cación jurídica internacional. Si la consideramos “guerra justa” en la comprensión de H. Grocio, ella debe responder a cinco criterios: respeto a la soberanía legítima, legitimidad de los objetivos, proporcionalidad del uso de la fuerza, reconocimiento de que la guerra es el último argumento, y que la posibilidad de concluir el confl icto es real. La elección de los euroatlánticos a favor de jus in bello (derecho a la 

guerra), y no de jus contra bello (derecho contra la guerra) anuló todas las otras posibilidades de solución no bélica de la situación de crisis en Libia. 

La guerra es la guerra, cualesquiera que sean las defi niciones jurídicas (ataque, defensa legítima, etc.) de este concepto clásico acerca del derecho a la guerra (jus in bello). El empleo del término “conflicto internacional” en lugar de “guerra”, hoy en boga, se debe a que el contenido jurídico del concepto clásico de la guerra no considera las normas del derecho, que estipulan la protección de las víctimas de la guerra. Tanto la guerra como el conflicto, según el principio de reciprocidad como “garantía sustancial de observancia del derecho”, que sería preferible denominarla derecho de seguridad internacional, presuponen dos condiciones inmutables. En el conflicto participan dos o más partes. Al inicio de las acciones militares debe corresponder la regla formal de la declaración del estado de guerra (independientemente de la forma, es decir, de la notificación verbal u oral). De otro modo, el choque interestatal no puede califi carse como conforme al derecho jus in bello. Después de la “guerra del Golfo” contra Irak en 1990-1991, según afirman los juristas británicos que consideran “virtuales” los términos “guerra” o “conflicto”, la “declaración de la guerra” o el reconocimiento formal de los países de que se hallan en estado de guerra, son raros en la práctica internacional actual. En la guerra de Libia, después de la injerencia de la “coalición de la OTAN” en el conflicto civil hubo tres participantes: régimen de Libia, fuerzas de la oposición interna y componente aéreo-marino de choque de la OTAN. La acción occidental de Libia no tenía la debida cobertura internacional jurídica que legalizara los ataques aéreos al territorio de Libia. La alusión injusta a la resolución de 1973 del CS de la ONU no es jurídicamente fundamentada. A juicio de los juristas alemanes, citando la resolución del Instituto de Derecho Internacional (AIDI 56 (1975) 544ff), la intervención emprendida por parte “tercera, exterior”, durante la guerra civil, se considera inadmisible7. 

Surgió la dualidad del aspecto moral: el derecho moral del Estado de Libia a defender su soberanía contra la invasión extranjera y el derecho moral de la comunidad mundial a observar las cláusulas de la resolución de la AG de la ONU del año 2005 sobre la “obligación de proteger” a la población pacífica del terror del gobierno. Moralmente, políticamente y jurídicamente justificada fue asimismo la aplicación de la resolución de 1973 del CS de la ONU. La contradicción entre los principios de respeto a la soberanía nacional, la no injerencia en los asuntos internos y los principios del humanitarismo es evidente. La colisión jurídica creada por ahora no tiene solución. Durante la crisis de Libia y por sus resultados quedan también sin respuesta otras cuestiones. La invasión extranjera no obtuvo real resistencia. ¿Dónde estuvo el ejército de Libia? ¿Cuáles fueron las causas de la capitulación militar de hecho, de la “pasividad” para repeler los ataques aéreos de la OTAN? El ejército libio, sólo complejos antiaéreos portátiles tenía no menos de veinte mil. ¿Cómo explicar la ineficiencia de las acciones contra las formaciones poco preparadas de la oposición, incluso con la participación de instructores y unidades de misión especial de los países de la coalición occidental? La misma pregunta acerca de la mala capacidad combativa y la “dispersión” del ejército iraquí surgió durante la “guerra del Golfo”. Esta situación nos recuerda lo ocurrido en otra, durante la ocupación romana de la Pentápolis Libia. Josefo Flavio en “La guerra de los judíos” explica la derrota árabe porque “el pánico se apoderó de los árabes, y su jefe Elfem, al ver a las tropas judías, de susto quedó paralizado”8. 

Existe fundamento para reconocer que el “derecho a la guerra” internacional más bien legaliza la violencia que restringe a la misma. A tal planteamiento de la cuestión dio fundamento la escuela rusa, europea, de derecho. La escuela rusa de derecho consideraba mérito principal del sistema de derecho internacional -como regulador de las relaciones interestatales-, su humanismo. Según la doctrina jurídica enunciada por el jurisperito ruso 

N. Korkunov, no se puede “regular el derecho de injerencia o no injerencia, porque eso significaría ser testigo indiferente de las más horribles violencias, sacrificar en aras de un principio abstracto…los intereses de la humanidad9. Se mantiene la subestimación del aporte real civilizador de la escuela rusa de derecho internacional en el derecho humanitario. El postulado que elaboró el eminente jurista y diplomático ruso F. Martens para el preámbulo de la Convención de La Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre (conocido como “cláusula de Martens”) fue uno de los principios fundamentales del derecho humanitario internacional. La “cláusula” formuló el principio general del humanismo, introducido por primera vez en el concepto “derecho de guerra”. La “cláusula” estableció la regla de que “en los casos no previstos por las normas del derecho internacional, la población civil y los beligerantes quedan bajo la protección y el imperio de los principios del derecho internacional, resultantes de las costumbres establecidas, de los principios de humanismo y de las exigencias de la conciencia pública10. La aplicación de la “cláusula de Martens” contribuyó a establecer el principio de inmunidad de la población civil durante los conflictos bélicos. El problema de la aplicación de la “cláusula”, como mostró la guerra de Libia confirma la práctica de otros conflictos armados, exige en el contexto actual la codificación de normas adicionales. Muchos principios 

sobre la protección de la población civil, independientemente de la calificación del confl icto (conflicto entre naciones, guerra civil, intervención militar internacional como en Libia, etc.), hasta ahora se incluyen en el derecho internacional común. 

El problema de la intervención armada es incompatible con el principio de la soberanía nacional, está directamente relacionado con la doctrina de intervención humanitaria Al mismo tiempo, en la nueva concepción estratégica de la OTAN, “de Lisboa”, la intervención humanitaria —como fundamento para justificar el empleo de la fuerza militar del bloque-, ni se menciona. La garantía de los derechos humanos en el mundo se declara “principio básico” de la política exterior de la comunidad occidental. El militarismo tradicional conserva su papel en la política de “democratización por la fuerza” en la zona de civilizaciones no europeas. Hoy día, ese papel persigue los mismos objetivos, acerca de los cuales otrora, por lo visto con ironía, escribía un hombre de los tiempos del imperialismo europeo, el célebre escritor ruso León Tolstói: “El peligro de la conquista destruye la contumacia de Oriente, evidente provecho del militarismo”11. 

La operación en Libia de la coalición occidental, según consideran en la comunidad de expertos norteamericana, demostró la vitalidad de “la responsabilidad bien preparada de proteger a la población pacífica y la confirmó como norma de actividad internacional”. La aplicación por EE.UU. de la doctrina de “responsabilidad de proteger a los ciudadanos” (Responsibility to Protect, RtoP) y sus derechos en cualquier región del mundo se considera “legítima y justificada” desde el punto de vista del derecho internacional, con las siguientes tres condiciones: 

1) EE.UU. debe establecer un nivel elevado de motivación de la injerencia, limitado por hechos de genocidio, violencia sistemática, asesinatos masivos de los ciudadanos, otros delitos penales contra la humanidad; 

2) La intromisión armada debe considerarse como último recurso de influencia “proporcional”,  al ser agotadas las demás posibilidades o cuando los instrumentos pacíficos utilizados resulten inefi caces; 

3) La injerencia multilateral debe ser preferente, por tener una base más legítima que la unilateral. 

Con todo, el problema de la soberanía como principio del derecho internacional en caso de intervención, no se tiene en cuenta. Apenas se menciona que “la soberanía sigue siendo fuerza estabilizadora del orden mundial, barrera contra la anarquía global”12. 

En las intervenciones científico-analíticas se percibe el planteamiento de cuestiones que dan a entender los cambios en la práctica de conceptos y sentidos tradicionales. ¿Significa la intromisión contemporánea, la intervención armada contra un Estado soberano, que el “pacifismo” de las negociaciones para resolver el conflicto es reemplazado por el “militarismo humanitario”? ¿Se supone que el “nuevo intervencionismo” sustituirá al neutralismo, es decir, al principio de no injerencia en los confl ictos internos 

o en la guerra civil? ¿La guerra de Libia fue un triunfo del “derecho a la injerencia”? Pero el derecho a la defensa no es equivalente a la injerencia. La pregunta principal, que no tiene por ahora respuesta consensual es: ¿puede la guerra de Libia calificarse como “guerra justa”? Dudoso, si nos atenemos a los cinco criterios que determinan la justedad de la guerra: soberanía legítima, objetivos legítimos, proporcionalidad de los medios militares empleados, guerra como último argumento y cálculo fundamentado para la consecución del resultado. Si el cálculo se hace para aportar los valores de las democracias occidentales a otra civilización y para alcanzar el consenso social en la nueva sociedad liberada, el éxito es poco probable. Pues la experiencia reciente ha demostrado que el “contrato social”, como norma de vida europea, en la civilización islámica no puede ser logrado. 

Tampoco hay comprensión común en reconocer la “legitimidad indudable” de la doctrina de “responsabilidad para proteger” como norma jurídica en formación (fuente: resolución de la AG de la ONU A/RES/61/ 138 y 139, año 2005). Imposible evaluar su aplicación asimismo como moralmente impecable, teniendo en cuenta que la doctrina “rehabilita” la solución militar con uso de la fuerza como respuesta a la crisis política interna, en este caso en Libia. El reconocimiento de la situación en Libia como casus belli, es decir, el estado de guerra entre un país árabe y participantes de la Alianza Noratlántica fue calificado, en particular por expertos franceses, como “guerra anticipada” (es decir, anticipada a la escalada de la violencia), a diferencia de la guerra preventiva (contra Irak). Semejante defi nición, como regla, se acompaña de la conocida interpretación “justifi cativa”, arbitraria, de la resolución 1973 del CS de la ONU. 

El casus belli libio es un conflicto entremezclado. Esta característica se confirma por el hecho de que tuvieron lugar dos conflictos militares: político interno —entre el régimen de Gadafi y la oposición— e internacional, provocado por la intromisión de las potencias extranjeras que internacionalizaron la crisis intestina libia. Análogo carácter tuvo la operación antitalibana de la coalición en Afganistán, que condujo al derrocamiento del régimen talibán. El carácter entremezclado de tales conflictos armados exige el correspondiente análisis desde el punto de vista jurídico internacional, a saber: ¿corresponden ellos (tanto el “doble” 

conflicto libio como el afgano) al derecho de conflictos internacionales? En el caso afgano, como señalan juristas alemanes, el Tribunal Supremo de EE.UU. alega al artículo 3 común para las convenciones de Ginebra, como estándar mínimo obligatorio que debe considerase durante las acciones combativas de EE.UU. en Afganistán. La operación libia de la OTAN —como intromisión en conflicto civil intestino—, por ahora no ha obtenido la calificación jurídica necesaria respecto a su correspondencia con las normas de derecho de los conflictos armados. En las posiciones estatales formales y en la opinión pública de Occidente sigue percibiéndose la línea para fundamentar la invasión en Libia con normas de carácter moral y no jurídico. La “deslegitimación moral” ya fue propuesta durante la operación armada de la OTAN en Kosovo. La tesis de que las acciones militares de los países de la OTAN tienen justificación si no jurídica, por lo menos moral, fue promulgada, en particular, por el conocido analítico alemán J. Habermas13. 

La práctica de la “diplomacia de coerción”, que surgió sobre el paño de fondo de las situaciones de crisis y los confl ictos bélicos, por ahora no adquirió un marco jurídico estricto y se construye fundamentalmente con la deslegitimación política. La coerción diplomática puede realizarse en dos mediciones: obligando a las partes conflictivas a celebrar negociaciones y obligando a cesar las acciones bélicas o ilegales, inhumanas, contra la población pacífica (caso libio). La diplomacia de coerción, empleada conforme al derecho internacional, es una diplomacia de máximas posibilidades. Su objetivo reside en garantizar un procedimiento obligatorio, sin uso de la fuerza y tampoco sancionado para regular la crisis. Según parece, semejante diplomacia se convierte en la forma más perfecta de “fuerza blanda”, que impide el desarrollo del confl icto militar. 

Tal manera de influir sin uso de la fuerza, como es la “diplomacia coercitiva”, estipulando el proceso negociador como principal instrumento de regulación en Libia, no fue adoptado por la comunidad occidental, que prefirió la solución militar-liquidacionista con uso de la fuerza, conforme al “quasi-mandato” internacional. La resolución de 1973, como sabemos, no contenía el “mandato liquidacionista” ni el “tránsito político” en relación al régimen de Gadafi. La obligación de proteger a la población civil ante las acciones ilícitas del gobierno en cualquier Estado, estipulada por la resolución de la AG de la ONU A/RES/61, no contradice a la obligación de utilizar “las negociaciones como medio flexible y efi caz para lograr el arreglo pacífico de las controversias entre los Estados”, como establece la resolución de la AG de la ONU “principios y directrices para las negociaciones internacionales”, del 20 de enero de 1999. El instituto actual de negociaciones se halla determinado por dos principios fundamentales de derecho internacional: abstención del uso de la fuerza y arreglo pacífico (regulación) de las controversias14. La resolución también alega al principio complementario de “conseguir el objetivo declarado de las negociaciones”. 

La “experiencia libia” actualizó el problema de utilización de tal medio de coerción internacional no militar como la sanción. El concepto de sanción por ahora no tiene un contenido establecido o indiscutible. No se confi rma hasta el momento la experiencia de aplicación del mecanismo internacional de sanciones como coerción efi caz política y económica. La aplicación de sanciones se adopta como prohibición total o selectiva, correspondiente a las normas del derecho internacional, a la actividad económica exterior (embargo), a acciones de carácter militar (establecimiento de zonas sin vuelo), a acciones políticas exteriores (limitación para participar en organizaciones internacionales, a la presencia diplomática), etc. Aunque las sanciones y la intromisión (intervención) no son sinónimas, ambas, como consideran en círculos investigadores, están estrechamente vinculadas. El aspecto positivo de la sanción estriba en que logra evitar la confrontación directa y poner en tela de juicio la conveniencia de la intromisión. Al mismo tiempo es evidente que víctima de las sanciones resulta fundamentalmente la población pacífi ca. 

Las funciones de los mecanismos para evitar la intromisión y el empleo de la fuerza se hallan en dependencia directa de la observancia de las normas del derecho internacional. El “nihilismo” en el derecho internacional contemporáneo de Occidente a menudo es causa de la inefi ciencia de los esfuerzos colectivos para impedir la intromisión armada, como ocurrió en Libia, de las acciones ilícitas que acarrearon la violación de los principios jurídicos fundamentales, en primer término del principio de soberanía de los Estados. El carácter declarativo del apego de los socios occidentales al principio de la primacía del derecho en las relaciones internacionales es una de las razones principales de la inefi ciencia del sistema de seguridad internacional. Toda una serie de juristas occidentales señala lo siguiente. Después de la invasión de EE.UU. y sus aliados a Irak, en la escuela occidental de derecho internacional se afirmó gradualmente la posición conforme a la cual “el derecho internacional ya no se interpreta más como restricción legítima al empleo de la fuerza por las potencias occidentales». Con la particularidad de que toda injerencia en los asuntos de otros países se convierte cada vez más en objeto de la justicia internacional. En el medio de la jurisprudencia norteamericana indicaron reiteradamente que la posición 

oficial se limita inevitablemente al enfoque unilateral del principio jurídico, igual que de los argumentos no jurídicos15. En la solución diplomática, apoyada en la conveniencia política, a diferencia del enfoque jurídico, se pueden emplear combinaciones fabulosas y formulaciones ingeniosas, a las que se les confiere la fuerza de demostraciones o argumentos, mientras que diferentes frases, palabras y hasta sentidos (durante las negociaciones) juegan el papel de ilustraciones. Las tentativas del derecho de corregir semejante enfoque son raras al extremo. La “doctrina jurídica” procura llevar la discusión precisamente en ese sentido. Ella no tiene nada que perder, “excepto su honradez”16. 

Habiendo aclarado la situación en torno a la “legitimidad de la intromisión” por razones de protección del humanismo, quedan pendientes otras cuestiones que por ahora no tienen respuesta. ¿La práctica del actual “humanismo militarizado” occidental ha creado después de Kosovo, Irak, Libia, una nueva realidad en la esfera de la seguridad general, colectiva? ¿Tales precedentes pueden considerarse fundamentales para la “nueva norma” del derecho internacional contemporáneo? ¿En la práctica del uso de la fuerza se ha conseguido, según expresión de un conocido científi co norteamericano, “asustar a la diplomacia” y darle “determinada forma”17, de modo que pierda su vínculo tradicional con el principio de la supremacía del derecho en las relaciones internacionales? Y por último está la cuestión del poderío real de Rusia y otras potencias, ante todo del grupo BRICS, que siguen adeptos a la observancia rigurosa de las normas del derecho internacional como “afianzadoras jurídicas” del sistema internacional contemporáneo, en oposición a la tendencia creciente de regulación ilícita, ilegítima, de los problemas de seguridad y defensa universal de los derechos humanos. 

1. Conde V. Witztum. Derecho internacional. Moscú-Berlín, 2011, p. 848, ed. en ruso. 
Ibídem, p. 861. 
Documento de Helsinki de la OSCE. 10.07.1992 (ILM31, 1992. 1390ff). 
Conde V. Witztum. Ibídem, p.861. 
B.-H. Levy. La Guerre sans l´aimer. P. Grasset, 2011. 
Le Monde. 24.11.2011. 
Conde V. Witztum. Ibídem, p.837. 
8. J. Flavio. La guerra de los judíos. San Petersburgo, 1991, p. 85-86, ed. en ruso.
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